Organizaciones internacionales expresan su solidaridad con las y los defensores criminalizados por la empresa noruega Scatec ASA en Choluteca, Honduras

El 13 de noviembre, ocho defensores del medio ambiente en Honduras, asistirán a una audiencia judicial en la ciudad de Choluteca. El juez que supervisa la audiencia determinará si los defensores deben seguir presentándose periódicamente en el juzgado tras haber sido criminalizados desde hace más de ocho años por su resistencia pacífica al proyecto fotovoltaico “Los Prados”, en el departamento de Choluteca. El proyecto solar es propiedad de una empresa privada noruega, Scatec ASA, y de la institución financiera estatal de Noruega, Norfund. Una denuncia formal presentada por Scatec fue lo que llevó al Ministerio Público a presentar cargos contra los defensores y defensoras, por el supuesto delito de coacción.

Durante ocho años, desde que Scatec presentó su denuncia formal contra los defensores iniciando el proceso penal, los defensores han acudido regularmente a los juzgados para cumplir con las órdenes del juez y su libertad condicional en espera del juicio. Esto ha significado un enorme costo económico y psicosocial para los defensores, sus familias y sus comunidades, agravado por el estancamiento de su caso en los tribunales, que aún no ha llegado a la fase de juicio del proceso judicial.

A principios de 2017, las comunidades afectadas iniciaron su resistencia en defensa de su soberanía alimentaria, su agua y su bienestar ante el proyecto solar Los Prados, aprobado con muchos cuestionamientos e irregularidades, en el contexto de la narcodictadura del ex presidente y convicto Juan Orlando Hernández. Dado que las empresas solamente han logrado operar una parte del proyecto Los Prados hasta la fecha, las comunidades sospechan que tienen la intención de ampliarlo, ignorando la oposición local y regional a los proyectos extractivos en sus territorios, por los impactos que provocan en el ambiente, el agua y en sus territorios. El proceso de criminalización en su contra es un intento de silenciar a la oposición y frenar a la organización comunitaria.

Esta es una tendencia regional, pues América Latina es la región en donde más defensores del territorio se asesinan y en donde más se los criminaliza, hostiga y amenaza, con el fin de silenciar sus denuncias. En este contexto, Honduras siempre ha sido uno de los países más peligrosos a nivel regional desde el golpe de estado de 2009 que dio lugar a la narcodictadura y que fue legitimado con el apoyo de los Estados Unidos y Canadá.

Al mismo tiempo, tras las reformas a ley energética de 2022 y mostrando la injusticia y asimetría estructural del sistema jurídico, las empresas noruegas llevaron demandas de arbitraje internacional por 400 millones de dólares estadounidenses en contra el Estado hondureño para hacer presión en su propio interés durante la renegociación de sus contratos de operación de Los Prados en Namasigüe y Agua Fría en Nacaome. Recientemente, después de terminar estas negociaciones, las empresas han retirado sus demandas, pero persiste la preocupación sobre qué más podrían haber acordado con el Estado para llegar a esta decisión, pues uno de los objetivos de estas demandas es justamente generar presión en los gobiernos para obligarlos a negociar bajo sus términos. Mientras tanto, continúa la criminalización en contra de las personas más afectadas que han actuado dignamente para defender su agua, sus tierras y sus medios de subsistencia.

Nuestras organizaciones estarán atentas a los resultados de la audiencia del 13 de noviembre y esperamos que el juzgado considere con mucha seriedad la petición de las abogadas que representan a los defensores que están siendo acusadas y acusados por la empresa Scatec.

Tegucigalpa-Honduras, noviembre de 2025

Honduras Solidarity Network
Institute for Policy Studies – Global Economy Project
Transnational Institute
TerraJusta
Chicago Religious Network on Latin America (CRLN)
Calan Institute for Transterritorial Justice
Alma de Izote
Ceiba Colectiva
Denver Justice & Peace Committee
The Cross Border Network for Justice and Solidarity