La organización no gubernamental Terra Justa con sede en Bolivia y Reino Unido, el Instituto de Estudios Políticos (IPS) – Programa de Economía Global (Institute for Policy Studies – Global Economy Program) con sede en Washington DC, junto con las organizaciones War on Want, Global Justice Now y London Mining Network (LMN) del Reino Unido, son organizaciones que han estudiado y denunciado los Acuerdos Internacional de Inversiones y el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista- Estado (SCIE) desde hace muchos años por atentar contra la soberanía de los estados y sus órganos de justicia, que toman decisiones en favor de los pueblos y el medioambiente, además de atentar en contra de los esfuerzos de ejercicio y de exigencia de sus derechos por parte los pueblos indígenas y comunidades afectadas por las inversiones transnacionales. Por lo tanto, hemos visto con preocupación las demandas de arbitraje internacional que las empresas Glencore y Anglo American interpusieron en contra de Colombia, el año 2021, por no permitirles desarrollar el tajo minero “La Puente” en La Guajira. Las compañías pretenden presionar a que el estado le permita seguir con esta expansión de su mina o que se les indemnice por decisiones de la Corte Constitucional que, en el marco de la acción judicial para proteger derechos amenazados de comunidades del pueblo Wayúu, ordenaron desde el año 2017 suspender el avance de la ampliación minera en el tajo minero La Puente, supeditando la obra a la realización de estudios de evaluación de impactos e incertidumbres no valoradas.
Descargue el documento del Amicus en este enlace: AMICUS CURIAE _ Colombia, Demanda ISDS, Arroyo Bruno (Agosto, 2022)
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