Informe

Un gigante en Espinar – Glencore y los patrones del poder corporativo en el Sur de Perú

Las operaciones de la gigante multinacional minera Glencore en la provincia de Espinar, Perú, develan patrones emblemáticos del daño y represión asociados con los proyectos mineros, exacerbados durante la pandemia del Covid19

Glencore

A lo largo de su historia, Perú ha sido fuente de atracción para potencias extranjeras y empresas que han buscado sacar beneficios de su riqueza mineral. Algunos patrones que se repiten muy a menudo en los lugares donde existen operaciones mineras, son la destrucción de las fuentes de agua y el medio ambiente, conflictos socio ambientales, violación de Derechos Humanos y criminalizaión de la protesta social. Las operaciones de la gigante multinacional minera Glencore en la provincia de Espinar, Perú, es un caso emblemático donde se repiten estos patrones.

A pesar del estado de emergencia y situación de cuarentena durante la pandemia por el Covid 19, muchos gobiernos de Sudamérica han privilegiado la actividad minera, permitiendo que opere con normalidad. En el caso del Perú, las actividades de explotación, almacenamiento, transporte, cierre de minas, e incluso construcción de proyectos declarados de interés nacional, prácticamente han continuado sin interrupción.

Algo que tampoco se ha interrumpido, son los conflictos sociales en contextos mineros, incluyendo la violacion de derechos humanos inherentes a ellos. Durante Julio y Agosto del presente año, la provincia de Espinar, en la región de Cuzco, al Sur del Perú, fue escenario de un conflicto social en relación a minería y Covid 19. En este lugar, las organizaciones sociales solicitaron utilizar los fondos creados por un acuerdo entre la empresa y la sociedad civil para pagar un bono solidario a la población y así aliviar los efectos del Covid 19 en las familias. Ante la negativa de Glencore, la población llamó a una movilización que duró casi un mes y que derivó en graves violaciones de los Derechos Humanos.

Espinar es una región que convive con la minería desde hace casi 40 años. A pesar de las promesas que esta industria ha realizado a lo largo de los años, la mayoría de las familias todavía no cuenta con agua limpia ni servicios básicos en sus hogares. Las comunidades también han denunciado por décadas la contaminación de sus fuentes de agua y los efectos en la salud de su población producto de la presencia de metales pesados en su organismo. Sin embargo, no han logrado la atención necesaria de los gobiernos de turno.

En este blog, TerraJusta ofrece un resumen de lo que ha significado el último conflicto en Espinar de la voz de los propios actores en el territorio y de otras organizaciones del Perú que apoyan a las comunidades involucradas. A pesar de ser un conflicto local, el caso de Espinar refleja varios patrones de comportamiento de la industria minera en general dominada por empresas como Glencore, antes y durante la pandemia del Covid 19.

En la etapa post-covid es preciso poner atención a estos casos, puesto que muchos gobiernos de la región ya han dejado en claro que su estrategia para salir de la crisis económica es a través de la expansión e intensificación de la actividad extractiva, en donde la actividad minera ocupa el primer lugar.

La Empresa Minera Glencore

La empresa anglo-suiza Glencore (Global Energy Commodities and Resources) es una de las corporaciones más grandes del mundo dedicada a la producción y comercialización de materias primas (minerales, petróleo, carbón, productos agrícolas). El año 2013 se fusionó con la multinacional Xstrata, convirtiéndose en la tercera empresa minera más grande del mundo, con presencia en más de 50 países. Sus ingresos el 2019 superaron los 215 mil millones de dólares, una cifra similar a todo el PIB del Perú para el mismo año.

Con un patrimonio de alrededor de 3,6 mil millones de dólares, el Director Ejecutivo de Glencore desde el año 2002, y también accionista de la empresa, es Ivan Glasenberg, cuyo salario asciende a la suma de 1,5 millones de dólares anuales.

La mina Antapaccay (anteriormente Tintaya)

En la provincia Espinar, Glencore opera la mina Antapaccay, un yacimiento rico en cobre, plata y oro. El año 2018 esta operación produjo 205,414 Toneladas Métricas Finas (TMF) de Cobre, 44,306 Kilogramos finos de plata y más de 4,1 millones de gramos de oro fino. El año 2016, las ventas de la empresa superaron los 1,000 millones de dólares (más de 3,600 millones de soles en ese tiempo), con tendencia a mantenerse. Estos datos muestran que Antapaccay es sin duda una operación muy rentable para el gigante minero Glencore.

Emergencia sanitaria y situación en Espinar

El 15 de marzo del presente año, el gobierno peruano decretó el aislamiento social obligatorio y estado de emergencia nacional por el COVID-19, disponiendo la cuarentena obligatoria en todo el país. La medida supuso la suspensión de la mayoría de las actividades productivas y comerciales, afectando significativamente a la economía de las poblaciones más vulnerables.

Esta emergencia sanitaria ha evidenciado las profundas desigualdades que existen en nuestra sociedad, convirtiendo la cuarentena en lo que muchos han denominado como “un privilegio de clase”. Si bien toda la población es susceptible de contagiarse del Covid19, no todos están en condiciones materiales para sostener una cuarentena temporal o indefinida, debido a que un gran porcentaje de la población en la región no cuenta con empleos estables ni salarios fijos, sin mencionar el acceso limitado o nulo a sistemas de salud de calidad.

Este es el caso de la provincia de Espinar, que se encuentra en el área rural del departamento de Cuzco, en el sur Andino del Perú.

Datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social afirman que en Espinar el 70% de los hogares sufren de pobreza y extrema pobreza. El Plan Regional de Cuzco 2018 – 2021 por parte, revela que el 40% del área rural de la provincia no tiene acceso a agua potable y solamente el 50% tiene alcantarillado. En cuestión de ocupación y empleo, investigaciones indican que 9 de cada 10 habitantes de la provincia y capital de distrito no vive de la minería directa ni indirectamente, sino de la agricultura, ganadería, comercio y servicios, actividades que se han visto paralizadas por las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria.

Como un mecanismo para paliar la difícil situación económica de la población, el gobierno peruano emitió bonos económicos, que por diversas razones no llegaron a toda la población. En el caso de la Provincia Espinar, algunos datos estiman que solamente el 34% de la población habría accedido a algún tipo de bono.

Toda esta situación hizo que la población planteará a mediados de Mayo el pago excepcional de un bono solidario de 1000 soles (280 dólares aprox.) a todos los ciudadanos electores de Espinar. Los recursos debían ser provistos por el “Convenio Marco”, un acuerdo firmado entre el municipio, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa minera el año 2003 (vigente hasta la fecha), por el que la compañía destina el 3% de sus utilidades a un fondo destinado al desarrollo de la provincia.

“Es una lucha justa”, dice doña Elsa Merma, integrante de la asociación de mujeres defensoras de la cultura Khana de Espinar. “Es nuestro derecho porque la plata es de Espinar. Queremos que se respete el Convenio Marco”, indica.

El convenio Marco y el bono de la discordia

Las empresas mineras compran y venden operaciones todo el tiempo. Estas transacciones incluyen tanto la venta de las reservas mineralógicas como obligaciones sobre los pasivos mineros, Además, también se heredan los conflictos socio ambientales y los compromisos adquiridos por la empresa. Este es el caso de Espinar y el Convenio Marco.

En año 2003, las autoridades de la provincia y representantes de la mina Tintaya (anterior al proyecto Antapaccay), entonces de propiedad de BHP Billiton, firmaron el “Convenio Marco” – por el que la empresa adquiere una serie de compromisos relacionados al cuidado del medio ambiente, servicios básicos, salud y empleo, pero además de la creación de un fondo de desarrollo a través del pago del 3% del total de sus utilidades anuales que genera la empresa minera en Espinar.

Dicho convenio fue heredado el año 2006 por la multinacional anglo suiza Xstrata, junto a todas las operaciones de la Mina Tintaya. El año 2013, después de fusionarse con Xtrata, Glencore asumió la titularidad de las operaciones de Tintaya (en proceso de cierre) y del nuevo proyecto Antapaccay, cuya vida útil fue proyectada por al menos 2 décadas en ese entonces.

En teoría, el Convenio Marco tiene la finalidad de garantizar una convivencia pacífica entre la empresa minera y la población. Sin embargo, siempre ha sido motivo de conflicto. Una de las razones tiene que ver con el manejo y decisiones relacionados a los recursos económicos. Desde una visión absolutamente paternal, este fondo es administrado por la misma empresa a través de su Fundación Tintaya, que ella misma creó. Pese a que el convenio establece la realización de planes de desarrollo con participación de la población a través de sus organizaciones, la administración y decisión final sobre el uso de estos recursos está en manos de la empresa.

El monto total requerido para el pago de este bono fue estimado en 44 millones de soles (1,23 millones de dólares aproximadamente).

Desde un principio la empresa minera rechazó el pago del bono bajo el argumento de que los recursos generados por el Convenio Marco tiene otra finalidad. Sin embargo, el mismo convenio establece que su modificación es posible por “voluntad de las partes”. Es así que el 14 de Mayo, la mayoría de los integrantes de un Comité que gestiona el Convenio, aprobó el pago del bono. Sin embargo, la empresa no la aceptó y anunció que pondría en marcha un plan denominado “Reactiva Espinar”, por el que distribuirá alimentos y medicamentos para las familias, apertura de comedores populares, facilitación de créditos, internet gratuito, etc.

“Estamos en crisis, no hay movimiento económico, no hay comercio. Estamos encerrados en las casas”, afirma doña Elsa Merma. “La empresa minera no quiere dar el bono porque en el convenio marco no hay ese presupuesto, pero ahora hay una necesidad del pueblo. Cuando se firmó el convenio marco no sabíamos que estas cosas nos pasarían” señala.

Después de algunas semanas negociando, y ante la negativa de la empresa para llegar a un acuerdo, las organizaciones de Espinar convocaron a movilizaciones y a un paro indefinido en toda la provincia que se inició el 15 de Julio.

Uso de la fuerza y la represión para garantizar la supremacía minera

En Perú existe una política de Estado que ha beneficiado a la minería y ha reprimido las protestas durante varias décadas. El gobierno del presidente Martín Vizcarra no ha sido la excepción. Una vez iniciadas las movilizaciones en Espinar, el gobierno envió medio millar de policías para reprimir las movilizaciones, violando una serie de derechos humanos.

El paro convocado por las organizaciones sociales duró casi un mes y ha sido el más grande desde el año 2012, cuando las comunidades de Espinar se levantaron exigiendo la reformulación del Convenio Marco, además de la atención a una serie de denuncias de contaminación ambiental y afecciones a la salud provocadas por la actividad minera. En aquella ocasión, el gobierno también envió fuerzas policiales para contener las movilizaciones y proteger las instalaciones de la empresa minera. El saldo de las intervenciones fue de 3 personas muertas, varios heridos y detenidos y el inicio de procesos penales en contra de defensores y ex-autoridades.

Este panorama ha sido similar en las recientes protestas. Organizaciones de derechos humanos han reportado que en esta ocasión hubo un uso excesivo de la fuerza pública, misma que dejó el saldo de 3 heridos por impacto de bala, 6 heridos con perdigones y varios heridos por golpes y contusiones.

El día martes 25 de agosto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) y la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) con sede en Cuzco, presentaron en conferencia de prensa un informe especial titulado; “Violaciones de derechos humanos que deben investigarse en la protesta social de Espinar”. El informe afirma que la Policía Nacional del Perú vulneró el derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión, y el derecho a la integridad personal, al haber sometido a “actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes” a las personas que protestaban. “Hubo un uso desproporcionado de la fuerza de los policías y militares que intervinieron en la movilización social”, dijo Elio Cruz, abogado de DHSF.

Juan Carlos Quirita, del comité de lucha de Espinar, relató que el día 22 de Julio, mientras protestaban frente al campamento minero, descubrieron a un capitán infiltrado. Después, mientras retornaban al pueblo, la policía detuvo el camión en el que viajaban, pudieron a los ocupantes en el piso boca abajo y les quitaron sus celulares y documentos. “Ha sido un día terrorífico para la provincia de Espinar”, señala Quirita.

“A las personas las han torturado, las han amenazado de muerte, les han rociado combustible en el cuerpo, y han amenazado con quemarlos. También hay testimonios de que las mujeres han sufrido tocamientos indebidos. Todo indica que este operativo tan brutal, se ha desplegado con la finalidad de rescatar a ese capitán infiltrado. Nosotros hemos dicho que no se debe trabajar con efectivos de civil dentro de las manifestaciones porque es muy riesgoso”, señala Mar Pérez, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos.

El informe llama a las autoridades a “iniciar una investigación exhaustiva” de las violaciones de derechos humanos durante los conflictos, para sancionar a los culpables y reparar a las víctimas. Al mismo tiempo, exhorta a las instituciones estatales a implementar reformas para “garantizar la gestión adecuada de las manifestaciones”, con el objetivo de evitar el uso desproporcionado de la fuerza. Al mismo tiempo, llama a las autoridades estatales a “garantizar la protección de los defensores de derechos humanos”, en lugar de criminalizarlos y enjuiciarlos, como sucedió después de los conflictos de 2012.

En relación a la empresa, la Coordinadora de Derechos Humanos exhorta a Glencore/Antapaccay a contribuir en las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos que se produjeron alrededor de sus instalaciones, entregando a las autoridades las grabaciones de sus cámaras de seguridad y absteniéndose de brindar cualquier tipo apoyo a la policía y los militares. Las organizaciones de Derechos Humanos también llaman a establecer mecanismos que puedan contribuir a la protección de derechos humanos y reparación de víctimas en los países de donde provienen los capitales de Glencore/Antapaccay.

Policía, empresas mineras y criminalización de la protesta

Para el sociólogo José Antonio Lapa de la organización DHSF, existen tres patrones que se repiten a lo largo de los años en el conflicto de Espinar: violencia estatal, privatización de la fuerza pública y criminalización de la protesta.

Dado el alto grado de conflictividad generado por la actividad minera en el Perú, el Estado ha generado una serie de normas y acciones destinada a garantizar la inversión extranjera privada. Una de ellas, es la de facilitar a las empresas mineras la posibilidad de contar con seguridad “privada” por parte de la Policía Peruana. Los informes recientes sobre el último conflicto de Espinar, indican que en esta ocasión la Policía efectivamente operó “desde el campamento minero y con el soporte logístico (alimentación y hospedaje) de la empresa”.

En los últimos años, organizaciones internacionales han publicado informes que critican la existencia de convenios de seguridad entre la Policía Nacional del Perú y empresas mineras extractivas, que han derivado en violaciones de DDHH en conflictos socioambientales. Uno de ellos fue justamente el conflicto de Espinar el año 2012, cuando el campamento minero de la empresa sirvió como base de operaciones para la policía, en donde incluso se produjeron actos de tortura en contra de defensores de derechos humanos.Ya en ese tiempo se denunció la existencia de un convenio entre la policía y la empresa minera. Actualmente se desconoce si existe un nuevo convenio, después de que el último finalizara el año 2018.

Diversas organizaciones y activistas han criticado por años esta forma en la que opera la Policía, llamándola una “institución mercenaria” al servicio de las empresas mineras. Muchos se han preguntado si en situaciones de conflicto la policía debe honrar el convenio que le llama a proteger los intereses privados de la empresa minera, o su función constitucional de precautelar los derechos y la seguridad de la población civil.

Mar Pérez además señala que “el uso de la fuerza policial (en Perú) ha sido reconocido a nivel internacional como marcadamente racista”, puesto que “el 70% de las víctimas del uso de la fuerza policial en manifestaciones son indígenas”, algo que ha generado críticas incluso en el Comité para la erradicación de la discriminación racial de la ONU.

Otro aspecto importante, es el hecho de que después de los conflictos existe una tendencia a perseguir judicialmente a los dirigentes que participan de las movilizaciones.

Después de los conflictos del año 2012, se abrieron procesos penales en contra de líderes sociales y ex autoridades que continúan siendo procesados. Ese patrón se repite en la actualidad, debido a que ya habría notificaciones en contra de dirigentes de las principales organizaciones de Espinar que participaron en el reciente paro. El objetivo es claro, dice José Antonio Lapa: “amedrentamiento y desmovilización”.

Sin duda esta es una realidad particularmente peligrosa en el Sur Andino del Perú, debido a que en esta región se encuentra el “Corredor Minero”, una zona que alberga una diversidad de operaciones mineras y carreteras por donde se transporta los minerales de las operaciones hacia los puertos de ultramar. Se trata de un área militarizada que vive constantes “estados de emergencia”, con la consiguiente suspensión de derechos de las comunidades, incluyendo el derecho a la protestas y a las movilizaciones.

Asuntos Pendientes en la agenda de Espinar

Después de 23 días de paro, el 7 Agosto, las organizaciones de Espinar y autoridades llegaron a un acuerdo que desestima el pago de un bono en efectivo a la población. En lugar de ello, se distribuirán “tarjetas multiuso” para que la población pueda intercambiarlos por productos.

Para doña Elsa Merma, el acuerdo al que se llegó “no es muy favorable para Espinar”, ya que la provincia había pedido un bono económico para reactivar la economía local. Pero ahora les darán “tarjetas” que solamente son válidas en tiendas autorizadas y en donde los precios de los productos son más elevados.

José Lapa de DHSF, afirma que lo que en realidad estaba en juego en el conflicto por el pago del bono, era una cuestión de poder. Es decir, la empresa no quería ceder porque no quería mostrar debilidad política ni dar un “mal ejemplo” a otros distritos mineros, en donde el convenio marco es visto con “malos ojos” por otras empresas mineras.

Pero la agenda de Espinar no concluye con este acuerdo. Como dijo el Presidente del Comité de Lucha de Espinar, Don Rolando Condori, en una entrevista con Red Muqui: “El conflicto no ha terminado. El tema de fondo es la reformulación del Convenio Marco, para que otra entidad maneje independientemente los proyectos derivados del convenio marco, y no así la fundación Tintaya de la empresa minera Glencore”.

Elio Cruz, de DHSF, resalta que un tema importante en relación a los recursos del Convenio Marco, es la necesidad de transparencia. Se requiere una “auditoría para saber cómo se están gastando esos recursos en estos 17 años de vigencia del Convenio”, señala.

Para don Oscar Mollohuanca, quien fue Alcalde de Espinar durante los conflictos de 2012, hoy en día sale con mayor nitidez la necesidad de democratizar el manejo de esos fondos. Sin embargo, señala, el Convenio Marco va más allá del tema económico, pues abarca una serie de asuntos que todavía están pendientes, como la situación ambiental de la Provincia y la salud de la población afectada por metales pesados.

Varios reportes han documentado la problemática de la contaminación ambiental en los principales ríos y fuentes de agua de la provincia. Además también existen estudios que han develado la existencia de decenas de personas (más de 500 personas de 6 comunidades) que viven con metales pesados (arsénico, cadmio, mercurio y plomo) en sus organismos.

Otro tema que ha levantado preocupaciones en los últimos meses, es la intención de Glencore de ampliar sus operaciones mineras en Espinar, a través de su nuevo proyecto “Coroccohuayco” – un proyecto que no ha sido consultado con las comunidades locales y que implicaría 25 años de minería más en Espinar, con la consiguiente posibilidad de conflictos.

Para José Antonio Lapa, la situación de Espinar refleja algunos patrones comunes que resaltan en este “escenario de hegemonía del poder minero”. Estos patrones son la persistencia de una pobreza estructural, impactos mineros crecientes en la economía de las familias y de las comunidades del entorno minero, además de los impactos en la salud de las personas y la contaminación de las fuentes de agua, encarecimiento del costo de vida, fragmentación social, criminalización y permanentes conflictos.

Doña Elsa, en entrevista con la Red de Mujeres ULAM, dijo que a pesar de que la provincia convive con la actividad minera por alrededor de 40 años, la empresa “no ha traído un desarrollo sostenible para la provincia”, al contrario, existen “carencias de la población, problemas de salud, educación, además de la vulneración de los DDHH”. “Por tanto”, señala, “si los acuerdos no se cumplen, nuevamente se levantará el pueblo de Espinar”.