Minería transnacional en Espinar – Problemas estructurales y la presencia de Glencore

Introducción

El año 2020 ha sido un año que ha paralizado a la economía y a la población en muchas formas. No obstante, la actividad minera y los conflictos socio ambientales no se detuvieron, al menos no en Perú. Entre Julio y Agosto, la provincia de Espinar, en Cusco, fue escenario de un nuevo conflicto entre la población y la empresa minera Glencore (operadora de la mina Antapaccay) y el Estado peruano.

El conflicto surgió ante la negativa de la empresa de viabilizar un bono económico de 1000 soles (280 dolares aprox.) que la población exigía para aliviar los impactos de la emergencia provocada por el Covid19. Se propuso que los fondos para financiar el bono salgan del denominado Convenio Marco – un acuerdo firmado el 2003 entre la empresa minera y el municipio de Espinar, por el que la empresa destina el 3% de sus ingresos anuales al municipio. Después de varias semanas de huelga indefinida y represión policial, finalmente las movilizaciones lograron la entrega de tarjetas multiuso por un valor de 1000 soles para adquirir productos en tiendas autorizadas.

Sin embargo, el problema no termina allí. Este conflicto ha sido un eslabón más en una larga cadena de conflictos que llevan casi dos décadas sin resolver, y que tuvieron sus puntos más altos en los años 2005, 2012 y 2020. Existen problemas estructurales relacionados al medio ambiente y a la salud que no son atendidos oportunamente por las autoridades, además de exigencias para la reformulación del Convenio Marco.

En Septiembre del presente año,  la organización Derechos Humanos sin Fronteras – DHSF de Cusco, organizó un conversatorio virtual titulado “Reformulación del convenio marco: Aprendizajes y Retos“, en el que participaron Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, y José Antonio Romero, sociólogo miembro de DHSF y experto en conflictos mineros. Ambos brindaron un panorama histórico muy completo de los problemas estructurales y la agenda pendiente en Espinar, en relación a la presencia minera de Glencore en la zona.

     

En esta publicación, resumimos los puntos estructurales más importantes de las intervenciones de ambos participantes, clasificados en puntos temáticos y con citas textuales. Además agregamos algunos comentarios realizados por TerraJusta.

Este tema es muy importante puesto que este 29 de Noviembre, Suiza celebrará un referéndum sobre una iniciativa de  Responsabilidad Empresarial.  Si la propuesta se aprueba, las empresas con sede en Suiza se verán obligadas legalmente a asumir responsabilidad por lo que suceda en sus cadenas de suministro. Glencore, al ser una empresa Suiza (aunque cotiza en la bolsa de valores de Londres), tendría que hacerse más responsable por sus actos en territorios como como Espinar – Perú, y en otras regiones.

Actualización: La propuesta de responsabilizar a las empresas por sus actividades en el exterior fue rechazada en el referéndum del 29 de noviembre. En el sistema suizo, un referéndum solo puede aprobarse con una mayoría en el voto popular y en el voto “cantonal” (de las áreas regionales). Fue inusual en este caso que hubiera una mayoría de votos populares a favor,  pero no se logró porque se perdió el voto cantonal.

(Para saber más del último conflicto visitar: Un gigante en Espinar – Glencore y los patrones del poder corporativo en el Sur de Perú)

 

Mina Antapaccay – Glencore

José Antonio Romero comenzó su intervención brindando algunos datos importantes de la mina Antapaccay. Entre los años 2013 y 2019, la mina produjo un promedio anual de  193,228 toneladas de cobre, una cantidad que representa el 10% de la producción nacional de este mineral en el Perú. Este es un dato que coloca en un sitial importante a Antapaccay, junto a otros proyectos y operaciones mineras – como las Bambas, Cotabambas, Constancia, Cerro Verde, Cuajone y Quellaveco, etc., todas ubicadas en el Sur Andino del Perú. Esta región, según Romero, “concentra aproximadamente el 60 a 70% de la producción de cobre [en Perú]”, y en ella se encuentra el “geo corredor económico estratégico”, debido a la presencia de importantes operaciones mineras y vías por donde se transporta el mineral hasta puertos del pacífico para su exportación.

Antapaccay es un yacimiento polimetálico, por lo que también produce oro y plata. Entre los años 2013 – 2019, la mina produjo un promedio anual de 3,289,291 gramos finos de oro.

Esta gran producción le ha dado a Antapaccay importantes ingresos. El año 2016, según datos brindados por Romero, la mina registró ingresos por encima de los 3,690 millones de soles – más de 1000 millones de dólares.

Situación social,  económica y ambiental de Espinar

A pesar de la gran producción y generación de ingresos que registra Antapaccay, Romero indica que “paradójicamente en Espinar existe una pobreza extendida”. Según datos oficiales, el 70% de la población de Espinar vive en la pobreza y extrema pobreza. Se trata de un patrón que se repite en otros contextos mineros y petroleros en Perú, típico de estos “procesos de acumulación”, donde hay un clima favorable a las inversiones mineras y en donde la riqueza se concentra en las empresas. “En un mar de riqueza, hay un mar de pobreza”, señala.  Afirma también que, según investigaciones internacionales, de cada 10 dólares que se producen en el Perú en el sector minero, 1 se queda y el resto sale del país: “Eso muestra que en el fondo hay un nivel de apropiación y acumulación muy fuerte por parte de los sectores transnacionales fundamentalmente mineros”.

“A parte de la pobreza muy característica de Espinar, hay una situación de impactos crecientes e intensos”, señala Romero.  Afirma que ya el año 2013, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) hizo un estudio en 180 personas, el cual reveló la existencia de arsénico, cadmio, plomo, magnesio, mercurio, talio, etc. en sus organismos: “no hay que ser muy erudito para saber que son metales que tienen una afectación directa sobre las personas que las contienen en sus cuerpos”.  Sobre la contaminación, dice que: “existen estudios de ciertas instituciones competentes, pero también estudios complementarios adicionales de otras instituciones, y la misma gente que dice que los ríos Cañipía y Salao, impactados por las operaciones mineras, son ríos muertos. Antes había ahí batracios, había truchas, una diversidad de especies que ahora uno no los encuentra”.

Según el sociólogo, “existe un patrón que se repite en Espinar desde hace muchos años” en relación a los impactos, que incluye: “muerte y malformación de animales, reducción de la producción, polvareda que genera la actividad minera, ríos muertos, personas con metales tóxicos en general y afectación a  la salud, etc.”. A estos impactos debemos sumar el incremento del costo de vida: “Vivir en un distrito minero es más caro. La comida, el hospedaje, termina siendo más caro que en cualquier otro lugar. Paradójicamente, en lugar de generar mayores riquezas para la población local, termina empobreciendola. El nivel inflacionario y la afectación sobre la economía… es impresionante.”, señala.

Todos estos impactos sin duda pueden considerarse “externalidades” que las empresas mineras no consideran a la hora de realizar sus Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Es evidente el grado de desvalorización de los ecosistemas y de otras formas de vida en los diferentes territorios en los que operan las empresas.

La minería en Espinar brinda un buen ejemplo de lo que se conoce como “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005): que consiste en el despojo del territorio,  mercantilización y privatización de los bienes comunes, por ejemplo cuando la tierra es arrebatada, expulsando a las poblaciones indígenas y campesinos. Esta apropiación y expulsión supone también la eliminación de los diversos tipos de propiedad (colectiva), seguido de una descomposición del tejido social, de lo cual existen muchos ejemplos en América Latina.

Convivencia con la Minería y el Convenio Marco en Espinar

Don Oscar Mollohuanca concibe al Convenio Marco como un instrumento clave en la convivencia entre la población y la operación minera: “El convenio marco es un instrumento que regula, o que pretende regular, la convivencia entre la provincia de Espinar y la empresa minera, en los diferentes aspectos que lo impactan”. Indica que el Convenio marco tiene su origen en la movilización y lucha, no en la buena voluntad de la empresa: “Es producto de toda una lucha histórica, de movilización. Los derechos en el mundo y en Perú se han ido conquistando con luchas”, señala.

Mollohuanca cuenta que el Convenio fue planteado por el municipio y las organizaciones sociales de Espinar entre 1999 y el año 2000, cuando él cumplía funciones de Alcalde de la provincia.  Indica que un aspecto básico en la propuesta era la cuestión económica, pero que también se tomaron en cuenta los impactos ambientales, sociales y culturales: “Ahí empezó a germinar la idea de lo que en el futuro se llamaría el convenio marco”.  Relata que el año 2001, en un contexto de huelga y conflictividad, finalmente se plantea de manera formal la suscripción del el Convenio. La provincia y la empresa negocian y llegan a un acuerdo a mediados del 2002, aunque por diversas razones la firma del acuerdo se produce recién en Septiembre de 2003, bajo una nueva gestión municipal diferente a la de Mollohuanca.

Para José Antonio Romero, el Convenio Marco es un instrumento de desarrollo de Espinar, pero además brinda mecanismos de control, de garantía de derechos, para que no se contamine el agua, el ambiente, etc. Los gremios mineros y las empresas lo consideran como una “mala práctica”, por el riesgo que supone que otras poblaciones quieran imitar esta práctica, que dicho sea de paso, no está amparada en ningún marco legal.

Falencias  y reformulación del convenio Marco

Oscar Mollohuanca afirma que, a pesar de que el Convenio Marco tiene 17 años de vigencia, muchas veces solamente se lo concibe como un acuerdo económico, algo que califica como “un gravísimo error”. “Quiero recalcar aquí que el convenio marco no es sinónimo del aporte del 3%, el convenio marco es un instrumento integral que abarca distintos aspectos sociales, medio ambiente, capacitación, trabajo, oportunidades para el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas, oportunidades empresariales, cooperación tecnológica, turismo, derechos humanos, etc.” Afirma que después de los conflictos del 2012, el 70% del tiempo de los 18 meses que duró el diálogo, fue destinado a abordar la problemática relacionada al medio ambiente y el agua.

Entre algunas de las falencias del Convenio Marco, está el problema de la aplicabilidad. Para Mollohuanca: “Las cláusulas del trabajo para la población de Espinar, de los contratos para las empresas locales en los rubros de transporte de mineral, de transporte de insumos, combustibles, pasajeros, personal, etc. no se han implementado, debido a que el convenio no establece mecanismos para su cumplimiento. El convenio prevé la suscripción de convenios específicos para cada cláusula, pero no se han realizado. Esas son las falencias más grandes que se han tenido durante estos 17 años y por eso se justifica la reformulación, entendido como el establecimiento de mecanismos de implementación de todas las cláusulas, no solamente las cláusulas económicas”.

El ex alcalde también señala que los fondos que aporta el convenio (3%) no están siendo invertidos en proyectos sostenibles y de importancia para Espinar: “Estos fondos debieron haber servido para impulsar  proyectos de impacto, proyectos de envergadura. Solamente se han hecho obras pequeñas para comunidades y asignación de presupuestos pequeños para el sector educación, transportes, sector agrario, etc. No se ven obras importantes de impacto”.  “Queremos que realmente sirva para impulsar el desarrollo de Espinar, bajo un concepto y enfoque de sostenibilidad que hasta ahora no se concretiza”, señala.

Un aspecto importante relacionado también al aspecto económico, es la demanda de un  “manejo autónomo” de los recursos, que actualmente son administrados por la misma empresa minera a través de la fundación Tintaya que ella misma creó. “¿Por qué la autonomización? porque a lo largo de estos años se ha visto, se ha experimentado, el empoderamiento de la empresa minera al manejar estos recursos a través de fundación Tintaya, se ha convertido en un ente fáctico de presión, de subordinación, de manipulación política desde la empresa minera hacia la sociedad espinarense.”, indica Mollohuanca.

La demanda de reformulación del convenio marco ha estado presente en todos los conflictos en Espinar, aunque hasta ahora no se ha tenido éxito. Sin embargo, es interesante ver cómo estos  “Convenios” son parte de una estrategia de negociación y de manejo del conflicto. Se trata de un convenio, que si bien incluye una diversidad de temas, como explica Mollohuanca, muchas veces se centran en los denominados “planes de desarrollo” y en el factor económico, que reciben mayor atención que los problemas ambientales o de salud. Estos planes económicos, además de no beneficiar a toda la población, evidencian el carácter paternalista de las empresas que no permiten que los fondos destinados al desarrollo local sean administrados y gestionados directamente por las comunidades, generando de esta manera una relación clientelar de dependencia.

Conflictividad permanente, rol del Estado y poder minero en Espinar

José Antonio Romero resalta la alta conflictividad que surge en contextos mineros en Perú. “Donde hay proyectos mineros, se incrementa la conflictividad de manera impresionante, entre comunidades, entre sectores, entre familias, entre distritos. Es decir, la conflictividad se extiende y se profundiza. La presencia de la empresa minera genera tensiones y conflictos”, señala.

Es innegable que, de todas las actividades extractivas en América Latina, la más cuestionada es sin duda la minería metalífera a gran escala (Svampa, 2019). No hay país latinoamericano con proyectos de minería que no tenga conflictos sociales que confrontan a las empresas mineras y el gobierno con las comunidades. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el año 2010 se habrían registrado 120 conflictos mineros que afectan a 150 comunidades; en 2012 éstos ascendían a 161 conflictos, que incluían 173 proyectos y 212 comunidades afectadas. En febrero de 2014, el número de conflictos era de 198, con 297 comunidades afectadas y 207 proyectos involucrados. En enero de 2017, hubo 217 conflictos, que involucraron 227 proyectos y 331 comunidades. Sin duda uno de los países con mayor cantidad de conflictos es el Perú (Svampa, 2019).

“Los conflictos en Espinar no surgen del aire”, afirma Romero. “No es que sea un momento irracional de la gente que se opone a un proyecto minero”, sino que “hay una serie de afectaciones a los derechos, a la vida de las personas, a sus economías. Estas afectaciones vienen de antes y lo que existe es un conflicto permanente”. En Espinar existe una “agenda pendiente”, señala – una agenda que ha emergido en diferentes momentos de alta conflictividad, principalmente los años  2005, 2012 y 2020.

Romero indica que “el Estado tiene muchas deficiencias para poder resolver los problemas que dan origen a los conflictos” en Espinar. En muchas situaciones se han instalado mesas de diálogo, pero que no resuelven los problemas de fondo. Los distintos gobiernos no le dan  prioridad ni importancia necesaria al tema. Romero indica que “hay una población que está postergada… y que recibe una respuesta poco eficaz por parte del estado”.

Además de ello, los conflictos tienen otro tipo de consecuencias: “fragmentan a las organizaciones, criminalizan a la población, mientras que la empresa opera sin mayores exigencias”. Los conflictos en Espinar tienen una dinámica que comienza con la intención de la población de abrir espacios de diálogo para hacer oír sus demandas, pero al no tener éxito se movilizan. Seguidamente el gobierno los reprime y recién se abre un espacio de negociación. “Es un círculo perverso”, señala Romero, quien afirma que “la movilización es la única forma que la población tiene de hacer escuchar su voz”.

Para Romero, los conflictos se producen en un “contexto en el que hay un fuerte predominio del poder minero… un poder predominante, un poder hegemónico”. Señala que, “los procesos de diálogo se desarrollan en un escenario donde existen relaciones de poder” y  en donde “el estado tiene un rol bastante parcializado”. En opinión del sociólogo, el ministerio de energía y minas es un sector muy parcializado: “Si uno mira quienes han sido ministros en los últimos periodos, veremos gente que viene del sector minero, o que vienen por recomendación del sector minero. Es una institución claramente pro-inversión minera“. También opina que al final, “los conflictos terminan siendo un buen negocio para las empresas… porque arrancan otros proyectos”. Romero se refiere al proyecto “Coroccohuayco”, una nueva mina de cobre que Glencore espera operar en Espinar y cuyo proceso continúa, a pesar de los muchos conflictos y demandas pendientes de la población.

Los conflictos en general suponen una disputa con el poder hegemónico minero que “termina generando una situación de violencia y represión”, indica Romero. El conflicto del 2012, por ejemplo, dejó 3 personas muertas y dirigentes criminalizados, entre ellos Óscar Mollohuanca,  cuyo proceso judicial continúa después de 8 años. Además de ello, en la etapa del postconflicto, “los actores se debilitan, y se reconstituye el poder de la empresa”.

Oscar Mollohuanca opina que, “cuando el pueblo de Espinar está en pie de Lucha, en movimiento y en desplazamiento territorial, es el momento de equilibrio, es el momento en el que la fuerza social equipara a la fuerza política y policial que expresa la empresa en alianza con el gobierno. En ese momento se logra arrancar cosas importantes”. Sin embargo, después de lograr algunos avances en sus demandas, la capacidad para lograr atención a sus problemas se reduce notablemente y existe una “situación de asimetría”, pues las comunidades no tienen recursos financieros ni técnico legales para continuar.

Raúl Zibechi (2019) sugiere que hay que comprender la minería como un “modelo de poder”, que reproduce y perpetúa relaciones coloniales, desde la instalación de una lógica cultural y una forma de ocupación y control del espacio que refleja el poder del centro frente a las regiones, el poder citadino frente a las poblaciones indígenas – campesinas, y el poder de la inversión privada frente a las instituciones colectivas.

Algunas recomendaciones finales

José Antonio Romero indica que los procesos de diálogo en Espinar tienen que tener un  “horizonte de desarrollo”. “No es un tema de dinero, es más integral”, señala. Al mismo tiempo, “hay una serie de garantías mínimas de derecho que se tiene que dar en el territorio. Y si hay una afectación, tiene que haber también algún tipo de reparación o resarcimiento”. “Si uno mira los 38 años de minería en Espinar y mira los indicadores en general, las mejoras no son cualitativa ni cuantitativamente  significativas”. Si bien se han realizado algunas obras y existe un sector articulado a la actividad minera que obtiene beneficios, “la gran mayoría sigue estando en una situación de pobreza y exclusión histórica”. Además, existe una especie de relajamiento de la institucionalidad en favor de la inversión minera: “la institucionalización para la exigencia mínima de derechos en temas ambientales, límites permisibles, estándares de calidad ambiental, etc., se ha ido relajando, bajo el argumento de que hay que dar condiciones para la inversión. En general la institucionalidad no va en la dirección de garantizar derechos, sino va en la dirección de mejorar condiciones para la inversión minera”, afirma Romero.

El sociólogo también ve que es importante que las acciones sociales requieren de una estrategia articulada: “No podemos pensar en entrar en un proceso de negociación si es que las organizaciones están fragmentadas. Hay una serie de diferencias entre actores, que en lugar de generar un bloque común con objetivos, tienen distanciamientos que no le dan un horizonte común – fundamental en cualquier proceso de negociación y diálogo”, señala.

En cuanto a los procesos de diálogo, Romero afirma que éstos deben asegurar mecanismos y formas de participación y de cumplimiento de los acuerdos: “No solamente hay que mirar el campo del diálogo, sino la implementación –  que es  lenta”. “El estado tiene que tener mecanismos institucionales que den respuesta rápida a los acuerdos de la mesa de diálogo. Por ejemplo, de todas las violaciones de derechos humanos que se han producido, hasta ahora no hay respuesta de parte del estado, para reconocer las violaciones y actuar, de modo que todo esto no quede impune”.

En cuanto a los temas de salud, Romero señala que son temas que no se van a resolver mediante el convenio marco, debido a que es una responsabilidad del estado: “El convenio marco es un acuerdo fundamentalmente entre el pueblo de Espinar con la empresa minera. La afectación a la salud es una competencia directa del estado”, señala.

Después de escuchar a José Antonio Romero y Óscar Mollohuanca, queda claro que el estado es responsable en muchos sentidos por los conflictos en Espinar. En primer lugar, no atiende adecuadamente las demandas de la población de Espinar, incluyendo los problemas de salud y a los problemas ambientales. Pero por otro lado, reprime y criminaliza la protesta social cuando la población se moviliza para exigir sus derechos. Ahora bien, la que más se beneficia de esta situación, es la empresa minera, que, pese tantos años de conflictos e impactos de la minería en Espinar, continúa desarrollando sus operaciones sin ningún perjuicio y con protección de la fuerza pública, incluso durante la época de la pandemia del Covid 19.

Glencore no asume responsabilidad en la problemática histórica de Espinar y traslada toda la carga al Estado y a la población. En su código de conducta, la empresa dice  “apoyar y defender los derechos humanos, incluyendo los de las comunidades situadas en su ámbito de influencia”. Sin embargo, no coopera en las investigaciones sobre  violaciones de Derechos Humanos en conflictos como el que ocurrió entre Julio y Agosto de este año, y que han sido ampliamente documentados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH). A pesar de que la empresa es suscriptora de los Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, la CNDDHH afirma que no contribuye al “acceso a la justicia y reparación por parte de las víctimas y sus familiares”. Por el contrario, se le acusa de vincularse institucionalmente y  “brindar soporte logístico y una base de operaciones” a la Policía y el Ejército, ambos con graves antecedentes de violaciones de derechos humanos en situaciones de protesta social en Espinar. La CNDDHH afirma que hasta la fecha, “No hay evidencias de que la empresa haya honrado ninguno de sus compromisos, ni en la actualidad ni con relación a los tres manifestantes fallecidos, y ciudadanos torturados dentro de su campamento en el año 2012”.

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ENLACES ÚTILES

Suizos votan para responsabilizar a las multinacionales por las cadenas de suministro: http://www.industriall-union.org/es/suizos-votan-para-responsabilizar-a-las-multinacionales-por-las-cadenas-de-suministro

THE RESPONSIBLE BUSINESS INITIATIVE Protecting human rights and the environment: https://corporatejustice.ch/ (Inglés)

“We’ve simply been forgotten” – Fatal accidents, underage workers, environmental destruction: in the Porco mine run by Glencore in the Bolivian highlands, cooperatives mine zinc, lead and silver in inhumane conditions. Glencore turns a blind eye – while purchasing a large portion of the ore produced by the cooperatives. It is a story of organised irresponsibility that demonstrates how important it is for the Responsible Business Initiative to be adopted: https://stories.publiceye.ch/glencorebolivia/ (Inglés)

 

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