Defensa del Territorio y Criminalización de la Protesta Social Perú

En Octubre de 2019 en la ciudad de Cusco, Perú, se llevó adelante el “Encuentro Internacional de Comunicación Indígena” – un evento comprometido con los procesos de resistencia y lucha de los pueblos indígenas en América Latina.

Este encuentro albergó a una variedad de organizaciones regionales y abordó distintos temas de interés regional. Uno de ellos fue el de la “Criminalización de los Defensores en las Luchas por el Territorio, el Agua, el Medio Ambiente y los Bienes Comunes”.  En este foro se presentaron distintas experiencias regionales, principalmente aquellas que  provienen del Sur Andino del Perú, una de las regiones con más concesiones mineras del país, con alta presencia de corporaciones multinacionales y conflictos socioambientales, represión y criminalización de la protesta social.

Tres representantes de organizaciones del Sur Andino del Perú hablaron de las luchas en sus territorios (ubicados en los departamentos de Cusco, Puno y Arequipa), los procesos de criminalización y el rol de los medios de comunicación en en el contexto de las luchas y conflictos socioambientales relacionados con la minería.

Elsa Merma Ccahua, comunicadora popular y parte de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, habló de su experiencia de lucha en relación a la mina Tintaya-Antapaccay, una operación múltiple de cobre a cielo abierto ubicada en la provincia de Espinar, Cusco. Con una antigüedad de casi 4 décadas, esta operación ha  generado diversos conflictos y denuncias respecto a la contaminación ambiental, daños a la salud y el desplazamiento de comunidades en Espinar. Actualmente la gigante Británica – Suiza Glencore opera la mina.

“Todas las empresas mineras traen contaminación, hay destrucción, las organizaciones se van a dividir.”, “A penas la empresa minera se dio cuenta (que estamos en la radio), salen con sus campañas falsas diciendo que la empresa minera trae desarrollo a cada pueblo donde está, pero no era así, era falso”,  “Seguimos informando en la radio en nuestro idioma Quechua, yo soy quechua-hablante, soy de la Nación K´ana..entonces, todos hablando en la radio, las mujeres especialmente”, “Para mi ha sido difícil, en algunos momento he pensado dejar la comunicación, porque? he sufrido mucha persecución” – Elsa Merma Ccahua

José Bayardo Chata, abogado miembro de Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, Puno, compartió la experiencia del conflicto socioambiental relacionado al proyecto minero Santa Ana, un yacimiento minero de plata que pretendía explotar la empresa canadiense Bear Creek. El proyecto fue rechazado el año 2011, cuando las comunidades de Puno se levantaron rechazando la minería en el conflicto  conocido como el “Aymarazo”, que derivó en el juicio de decenas de representantes Aymaras y condena del que fuera portavoz de las comunidades durante el conflicto, Walter Aduviri.

“Por parte del estado, la acción es perseguir, criminalizar a aquellos que habían tomado la representación de todas las comunidades aymaras de la zona sur.”, “Los medios de comunicación han jugado un rol bastante importante, ya que la fiscalía, el ministerio público se ha agarrado bastante de recortes periodísticos, de entrevistas, tanto en medios de prensa escritos, como en medios de prensa televisivos, para decir que Walter Aduviri en su condición de Presidente del frente de defensa de los recursos naturales de la zona sur de Puno, era el que estaba detrás de la organización, estaba detrás de los desmanes que hubo ahí.” – José Bayardo Chata

Dilvia Galvez de la Asociación Pachamama, compartió la experiencia de las organizaciones que actualmente se encuentran en pie de lucha en contra del proyecto minero Tía María, un proyecto de cobre cercano al valle de Tambo, en la provincia de Islay del departamento de Arequipa. Este proyecto inició exploraciones desde 1994 y actualmente la corporación Southern Perú Copper Corporation del Grupo México se encarga del mismo. Las autoridades afirman que el proyecto entraría en operaciones el año 2024.

“Queremos decir hermanos, que definitivamente que en el pueblo hermano del Valle del Tambo, no existen derechos humanos. La defensoría del pueblo de Arequipa no ha sacado hasta el momento ningún pronunciamiento ni ha emitido tampoco de manera verbal ninguna postura clara respecto a cómo se vienen vulnerando los derechos fundamentales como son a la vida, a la integridad física-psicológica en el Valle del Tambo.” – Dilvia Galvez

Estas tres experiencias de resistencias a operaciones y proyectos mineros en el Sur Andino del Perú compartidas durante el encuentro, nos muestran que la minería, en vez de llevar el desarrollo que promete, lleva contaminación, daño a la salud, conflictos socioambientales, represión y persecución de quienes levantan su voz para exigir sus derechos legítimos.

En Perú, la situación es grave principalmente en la región donde se ubica el ‘corredor minero’ – una zona que alberga distintas operaciones mineras y por donde se transporta el mineral hasta la costa – y que se encuentra en constante estado de emergencia, una situación que prohíbe y castiga las protestas. Además de ello, las empresas mineras en el país pueden realizar convenios con la Policía y contratar sus “servicios” para su seguridad. Las leyes eximen a la policía de responsabilidad si matan gente en el marco de una protesta social. Los dirigentes que levantan su voz enfrentan calumnias y juicios que usualmente derivan en sentencias duras.  Las leyes ambientales se flexibilizan y el sistema político y judicial favorece a las empresas por encima de los derechos de las comunidades afectadas.

Lo que nos muestran los ejemplos de Cusco, Arequipa y Puno compartidas durante el Encuentro, es que la criminalización de la protesta y los proyectos extractivos mineros , son dos caras de la misma moneda. Con la pandemia del Covid19, esta situación ha empeorado, debido a que muchos gobiernos de la región – incluyendo el peruano – están apostando a una profundización y expansión de la minería y del extractivismo en general para salir de la crisis económica, aumentando el control y represión en las zonas donde ya existe la minería y en las zonas donde se pretende establecer nuevos proyectos mineros.

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