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El Aymarazo – Criminalización de la Protesta en Perú

El Centro para la Democracia es parte de una campaña contra la criminalización de la protesta social en la región de Puno, en el sur del Perú, junto con la ONG local Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y otras organizaciones peruanas e internacionales.

Esto es parte de nuestro trabajo continuo de apoyar a las comunidades locales y organizaciones de base en resistencia a proyectos extractivos. Contrarrestar la criminalización de estas comunidades y sus voceros es una prioridad estratégica conjunta en esta área.

Los casos legales contra líderes y portavoces comunitarios después de las movilizaciones del Aymarazo son emblemáticos de la criminalización de las comunidades indígenas en toda la región cuando se levantan en defensa de sus tierras, aguas y territorios frente a proyectos extractivos.

Nuestro trabajo en este caso comenzó en 2017, cuando dieciocho portavoces indígenas aymaras enfrentaron la etapa final de los juicios penales en su contra por haber participado en las protestas de 2011 contra la mina Santa Ana, propiedad de la multinacional canadiense Bear Creek. Publicamos este artículo y este podcast sobre el Aymarazo para empezar a dar a conocer el caso a nivel internacional.  Este vídeo de DHUMA de junio del 2017 tiene mas información:

Como parte de la campaña internacional la organización FrontLine Defenders mandó esta solicitud a que se anule los juicios a todos los acusados.

El 28 de junio de 2017, diecisiete de los acusados fueron absueltos, pero Walter Aduviri fue condenado a 7 años de prisión y una multa millonaria.

El caso de Aduviri fue particularmente importante debido a dos precedentes legales que estaban en juego y que podrían debilitar el movimiento más amplio en Perú en defensa de los derechos indígenas, la tierra, el agua y el territorio.

Este video del Centro de la Democracia de julio de 2018 ofrece más información sobre el caso.

https://www.facebook.com/TheDemocracyCenter/videos/10157558149394992/

El 17 de septiembre de 2018, en una audiencia de apelación en la Corte Suprema de Lima, Perú, se estableció el 5 de octubre como fecha para la decisión final sobre el caso de Aduviri.

La campaña internacional continuó con un Manifiesto Public Internacional, disponible en el sitio web de DHUMA aquí, que fue respaldada por más de 130 organizaciones de los 5 continentes y que se entregó a la Corte Suprema del Perú, el gobierno de Perú y la compañía involucrada, Bear Creek Mining, destacando las injusticias del caso, los precedentes legales en juego, y exigiendo que se retiren los cargos contra Aduviri.

El Manifiesto Public Internacional se lanzó en esta conferencia de prensa en Puno, Perú, y fue acompañada por una campaña sostenida en las redes sociales, que incluyó este video corto.

https://www.facebook.com/TheDemocracyCenter/videos/1890890364550352/

El 5 de octubre la Corte Suprema dictó su decisión. El Tribunal aceptó la apelación de Walter Aduviri y revocó la sentencia en su contra. El Tribunal ordenó que el caso comenzara de nuevo desde cero en los tribunales regionales. Más al respeto en este reciente comunicado de prensa.

La lucha de las comunidades indígenas aymaras por defender sus territorios continúa. Por ahora se han bloqueado dos precedentes legales. Nuestro apoyo, en particular nuestros esfuerzos, de poner el peso de la sociedad civil internacional al servicio de este caso, fue solo un pequeño aporte. Refleja nuestros intentos continuos de alinear nuestro trabajo mucho más directamente detrás de las luchas de los individuos y las comunidades que más peligro corren en las primeras líneas de resistencia a los proyectos extractivos.

Materiales sobre El Aymarazo – Criminalización de la Protesta en Perú