Introducción
Los países de todo el mundo necesitan sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. Pero en algunos de los países más empobrecidos del mundo, las empresas que desarrollan esta tecnología a menudo repiten las prácticas coloniales y explotadoras de las compañías de combustibles fósiles que las precedieron.
La instalación de parques solares en el sur de Honduras, revela una historia de lucro desmedido y acoso empresarial bajo el pretexto de “transición energética”.
Durante el periodo de la narcodictadura en Honduras (2009-2022), que siguió al golpe militar de 2009, las corporaciones transnacionales se beneficiaron de incentivos exorbitantes para atraer inversiones en el mercado de energías renovables. En la práctica, explotaron cínicamente el llamado a la tecnología verde para lucrarse con la creciente privatización, corrupción y despojo en en el país.
En Honduras, los parques solares no sustituyeron a los combustibles fósiles. Por el contrario, ampliaron la matriz energética sin democratizar el acceso a la electricidad, reducir significativamente las emisiones ni beneficiar a la población local. El resultado fue una transferencia masiva de recursos públicos a inversores privados y una electricidad excesivamente cara para las familias y comunidaes.
Los hondureños terminaron pagando algunos de los precios más altos de electricidad en Centroamérica, mientras financiaban las ganancias de corporaciones noruegas y estadounidenses, élites centroamericanas y bancos de desarrollo internacionales. Las comunidades campesinas que se resistieron a algunos de estos proyectos —por ejemplo, el proyecto Los Prados en el municipio de Namasigüe— sufrieron represión violenta, desplazamiento forzado y criminalización.
Tras la narcodictadura, el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) aprobó reformas para rescatar a la empresa eléctrica estatal, abordando algunos de los peores abusos en los contratos con empresas privadas de generación de energía. En respuesta, los inversores noruegos Scatec, Norfund y KLP Norfund Investments interpusieron demandas arbitrales multimillonarias contra el país.
En virtud de numerosos acuerdos comerciales, leyes nacionales y contratos, las corporaciones transnacionales tienen acceso exclusivo —a través de un complejo proceso conocido como Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés)— para demandar a los gobiernos ante tribunales privados cuando estos toman decisiones que afectan sus expectativas de ganancias. Esto contrasta drásticamente con la falta de acceso a la justicia para las comunidades afectadas.
Este informe, elaborado por el Instituto de Estudios Políticos, el Instituto Transnacional (TNI), TerraJusta, la Red de Solidaridad con Honduras (HSN), la Red de Abogadas Defensoras de los Derechos Humanos (RADDH), el Movimiento Socialambiental del Sur por la Vida (MASSVida) y Caritas Choluteca, explora cómo estos acontecimientos representan una especie de “colonialismo verde”.
- RESUMEN: El lado oscuro de la transición energética – Colonialismo verde en el sur de Honduras (Julio, 2026)
- Informe Completo: El lado oscuro de la transición energética – Colonialismo verde en el sur de Honduras (Julio, 2026)
A continuación se presentan algunos hallazgos y recomendaciones clave:
¿Qué es el “colonialismo verde”?
En este contexto, el colonialismo verde opera en tres dimensiones.
- La primera es económica . Mediante el uso del ISDS y otros mecanismos para proteger la inversión extranjera, las corporaciones transnacionales y sus aliados en los gobiernos priorizan las ganancias, socavando tanto la soberanía nacional como la autodeterminación de las comunidades locales.
- El segundo aspecto es ambiental . La amenaza del ISDS puede disuadir a países como Honduras de adoptar medidas para proteger el medio ambiente, emprender una transición energética significativa y garantizar el bienestar de las personas afectadas por el extractivismo.
- El tercero es racializado. El colonialismo verde se basa en el racismo y se refuerza a través de él, tratando a los territorios y a las poblaciones como zonas de sacrificio para la economía global, marginando, explotando y empobreciendo aún más a poblaciones a menudo racializadas.
Principales conclusiones
Este informe documenta cuatro maneras en que el “colonialismo verde” opera a través de parques solares en el sur de Honduras.
- Documentamos los esfuerzos por desmantelar aún más la empresa estatal de electricidad para instalar un modelo corporativo y privatizado de suministro de energía renovable. Instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, apoyaron reformas para introducir generadores de energía privados en el sector energético de Honduras y, posteriormente, en 2014, para dividir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras, en componentes privatizados: generación, distribución y transmisión de energía. Esta medida se diseñó para eliminar la capacidad del Estado hondureño de planificar el sector energético en beneficio del interés público y, en cambio, maximizar las ganancias privadas. La ENEE se convirtió en compradora obligatoria de energía a precios exorbitantes, mediante contratos de suministro a largo plazo que garantizaban ganancias extraordinarias para los inversionistas, al tiempo que aumentaban los costos para las arcas públicas y las facturas de electricidad de los hondureños.
- Las corporaciones multinacionales y sus aliados en el gobierno buscaron protecciones legales para los inversionistas privados que, en esencia, eliminaran el riesgo. El régimen posterior al golpe de Estado en Honduras aprobó la Ley de Promoción y Protección de Inversiones en 2011, ampliando así las opciones legales para que los inversionistas transnacionales en Honduras puedan demandar al gobierno por millones de dólares mediante el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) cuando consideren que las decisiones afectan sus expectativas de ganancias. Las empresas noruegas Norfund, KLP Norfund Investments y Scatec fueron las primeras inversoras en acogerse a esta ley cuando presentaron dos demandas ISDS contra el gobierno hondureño por reformas modestas que, en parte, tenían como objetivo abordar la crisis financiera de la ENEE mediante la renegociación de contratos para la generación de energía solar.El monto total reclamado actualmente por los inversionistas (USD 1.205 millones) supera los ahorros estimados que el gobierno de Castro esperaba obtener de la renegociación de los contratos de energía renovable durante su mandato. También preocupa que las reclamaciones noruegas, a pesar de haber sido retiradas en 2025, pudieran haberse utilizado para presionar al gobierno hondureño a negociar o aceptar la expansión del controvertido proyecto Los Prados.
- Estas empresas han estado socavando la autodeterminación y el bienestar de las comunidades afectadas. En lugar de justicia climática, las consecuencias de la imposición de parques solares en una de las regiones más calurosas y empobrecidas del país incluyen falsas promesas de empleo y desarrollo económico, deforestación y pérdida de acceso a tierras productivas y fuentes de agua, mientras las temperaturas siguen en aumento.Las comunidades que se opusieron a la instalación completa del proyecto solar Los Prados han sufrido represión violenta, desplazamiento forzado y criminalización constante. Entre 2017 y 2019, 59 personas fueron acusadas con cargos penales falsos, y 10 aún deben presentarse mensualmente ante los tribunales hondureños para garantizar el cumplimiento de las condiciones de su libertad bajo fianza mientras esperan juicio.
- Estos parques solares representan otra falsa solución diseñada para enriquecer a las corporaciones privadas, en lugar de facilitar una transición energética justa —y mucho menos una democracia energética— en Honduras. En los departamentos de Choluteca y Valle, donde se concentran los parques solares privados, más del 10% de la población aún carece de acceso a la electricidad, mientras que los cortes de luz son constantes.Al mismo tiempo, los paneles solares generan energía que fluye hacia el mercado nacional, beneficiando a los grandes consumidores como las empresas mineras, cementeras, agroindustriales, embotelladoras y maquiladoras , sin atender las necesidades de las comunidades que sufren las peores consecuencias de sus impactos.
Recomendaciones
- Scatec, la empresa noruega que gestiona el proyecto Los Prados, debe cesar la criminalización de los defensores del medio ambiente. Asimismo, los gobiernos de Honduras y Noruega deben obligar a la empresa a implementar mecanismos de reparación para las personas criminalizadas por los daños sufridos tras más de ocho años de persecución por defender pacíficamente sus derechos.
- El proyecto de Los Prados debería cancelarse por respeto a la autodeterminación de las comunidades afectadas.
- La Fiscalía hondureña debería llevar ante la justicia las 33 denuncias presentadas contra funcionarios públicos por irregularidades y actos de corrupción en la aprobación de contratos para parques fotovoltaicos, así como investigar cualquier vínculo en el sector energético entre inversionistas, empresas y funcionarios públicos con el crimen organizado.
- Las instituciones financieras internacionales deben asegurarse de que ningún proyecto que financien tenga vínculos con inversores relacionados con el crimen organizado, ni que estos los involucren.
- El gobierno hondureño debería garantizar la transparencia con respecto a las reclamaciones ISDS en curso y tomar medidas para salir del sistema de arbitraje ISDS (como se describe en el informe Inversiones mafiosas contra Honduras: Demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño).
- El gobierno hondureño debería priorizar los tratados internacionales sobre derechos humanos, pueblos indígenas, medio ambiente y trabajo en lo que respecta a cualquier inversión futura en el país, incluyendo un modelo energético basado en la justicia energética y la democracia.
