chevron-up sitemap chevron-up2 youtube share-alt chevron-down share mail download home alarm search menu link cross play arrow-right facebook twitter youtube2 wordpress soundcloud podcast video microsite report collection toolkit whatsapp thinkpiece storify

La transnacional minera suiza Glencore en los Andes

Las actividades del gigante minero en América Latina y cómo demuestran la necesidad de un instrumento vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos

En junio de 2020, un comunicado firmado por más de 200 organizaciones a nivel global, denunció públicamente que las empresas transnacionales mineras estaban ignorando la amenaza de la pandemia del Covid-19 y que continuaban operando con normalidad. El comunicado, respaldado por una amplia investigación, también develó la forma en que muchos gobiernos estaban adoptando medidas extraordinarias para  reprimir las protestas en contextos mineros, y el modo en que las empresas y gobiernos estaban aprovechando la crisis para establecer nuevas normativas en favor de la industria.

Así como la minería transnacional no ingresó en cuarentena, tampoco lo hicieron los conflictos inherentes a ella. Una de las empresas que más hizo noticia durante la pandemia, fue la transnacional minera suiza Glencore. Algunas de las noticias más importantes alrededor de sus operaciones e intereses en Sudamérica, incluyen la minería de carbón y las nuevas acciones internacionales en Colombia; la alta conflictividad en sus operaciones, represión, violación de derechos humanos y niños con metales tóxicos en la sangre en Perú; además de la subcontratación, mano de obra infantil y adolecente, y una millonaria demanda bajo un caso de Arbitraje de diferencias Inversor – Estado (ISDS) en contra de Bolivia.

Glencore es una de las transnacionales más grandes del mundo dedicada a la producción y comercialización de materias primas. Cotiza en la bolsa de valores de Londres. Tiene operaciones mineras en más de 50 países y sus ingresos del año 2019 superan los 215 mil millones de dólares, cinco veces más que el PIB de Bolivia, 95% del PIB Peruano y dos terceras partes del PIB de Colombia para ese año. Actualmente la empresa busca subirse al carro de la transición energética, limitando  su extracción de carbón y enfocándose en metales necesarios para la transición, aunque sin cambiar sus prácticas en el terreno.

More on this topic

Minería transnacional en Espinar - Problemas estructurales y la presencia de Glencore
Si bien existe una amplia documentación producida, denuncias en tribunales nacionales y esfuerzos internacionales para que Glencore asuma la responsabilidad por sus impactos,  el panorama en los territorios no parece haber cambiado mucho. Por esta razón, se hace necesario apoyar los esfuerzos globales para la construcción de instrumentos vinculantes para que las empresas transnacionales como Glencore rindan cuentas por sus acciones. Es por eso que, a través de la voz de los directos involucrados, compartiremos los puntos más importantes del antes y después de la Iniciativa sobre Responsabilidad Empresarial llevada a consulta popular en Suiza en Noviembre de 2020, así como una actualización sobre el proceso en el que se encuentra las negociaciones del Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos de la ONU.

Afectaciones y denuncias internacionales alrededor de la minería de carbón en Colombia 

En Colombia Glencore tiene muchos intereses relacionados a la explotación, transporte y exportación de carbón térmico principalmente hacia mercados de Europa, Asia y países del continente Americano. En La Guajira, es accionista de la mina de carbón a cielo abierto más grande América Latina, El Cerrejón, un consorcio cuyo paquete accionario  comparte por partes iguales con las gigantes mineras Anglo American y BHP. El comercializador exclusivo del carbón del Cerrejón a nivel mundial es la empresa Coal Marketing Company CMC  con sede en Dublín, y de propiedad de las mismas tres corporaciones mineras.

Desmontes y residuos de la mina Cerrejón forman montañas gigantes. Foto:TerraJusta

Los impactos ambientales, sociales y culturales de la extracción de carbón han sido ampliamente documentados en Colombia: Más de 25 comunidades indígenas Wayúu y afrodescendientes fueron desplazadas y despojadas por la fuerza de sus territorios ancestrales.  En esta región, en donde el agua es el bien más valioso, han sido secados  y/o desviados más de 20 arroyos, incluyendo el arroyo Bruno, un importante afluente del río Ranchería, del cual dependen varias comunidades para sobrevivir. La explotación a cielo abierto mediante voladuras con explosivos, genera emisiones de materiales contaminantes, ruidos y olores que afectan a la salud de la población.  Estos impactos también afectan  el desarrollo cultural de las comunidades Wayúu, debido a que destruyen las formas de organización y modo de vida de sus habitantes. Se han profanado territorios sagrados con daños a nivel espiritual, perturbando incluso los sueños de los médicos espirituales que ya no pueden soñar y guiar a sus comunidades como consecuencia.

Además de la sistemática violación de los derechos de las comunidades y degradación ambiental, las organizaciones en La Guajira también sufren constantes amenazas por la defensa de su territorio.  Este no es un dato menor, tomando en cuenta que Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores del territorio. En su informe 2019, Global Witness reportó 64 líderes comunitarios y sociales asesinados en Colombia. Por su parte, Front Line Defenders, afirma que de los 177 defensores de Derechos Humanos asesinados en Colombia el 2020,  dos terceras partes fueron eran líderes que trabajan en la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

A lo largo de los años, diversas organizaciones han denunciado estos impactos en tribunales nacionales y en diferentes foros de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la situación no parece haber cambiado mucho. Es por eso que, en enero de 2021, organizaciones internacionales y nacionales de Colombia tomaron nuevas acciones internacionales. En esta ocasión, presentaron quejas formales ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Suiza es parte. La OCDE cuenta con Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, que son unas recomendaciones voluntarias a las empresas para que adopten una conducta empresarial responsable a nivel internacional.

En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciantes afirman que las quejas son en contra de: Electricity Supply Board (ESB), una empresa estatal irlandesa

Muestra de carbón térmico de Cerrejón. Foto: TerraJusta

que compra carbón de Cerrejón; Coal Marketing Company (CMC);  y BHP, Anglo American y Glencore, en su calidad de accionistas de Cerrejón. Las quejas denuncian los impactos ambientales y a los derechos humanos que las comunidades en La Guajira han sufrido históricamente, producto de la actividad carbonífera de Cerrejón. El objetivo es que las empresas con sede en Irlanda suspendan sus relaciones comerciales con Cerrejón, y que las tres empresas transnacionales dueñas reconozcan su responsabilidad y realicen acciones de reparación.

El comunicado también alerta sobre los anuncios de las sociedades matrices de poner en venta sus acciones. “Es necesario que se haga una evaluación tanto de la conducta empresarial como de los pasivos ambientales y sociales que han dejado estas empresas antes de su salida del país para evitar que se consoliden escenarios de impunidad corporativa”, dice el comunicado.  Esta denuncia viene unos meses después de que el Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente de la ONU, realice un llamamiento a Colombia y a la empresa para que protejan a las comunidades afectadas por Cerrejón, principalmente durante la pandemia.

En Colombia, Glencore también controla el grupo empresarial Prodeco, que posee minas de carbón e infraestructura asociada en los departamentos de Cesar y Magdalena. Prodeco tiene cinco títulos mineros en dos minas en Cesar, La Jagua y Calenturitas. En febrero, Prodeco anunció que devolverían sus contratos mineros al gobierno colombiano y paralizaría sus operaciones en el país, debido a que el bajo precio del carbón hace que sus operaciones sean “económicamente inviables”. Esto ha puesto en alerta a varias organizaciones nacionales en el país, debido a que no se conoce ningún “plan de cierre progresivo respetuoso con los estándares internacionales, basado en derechos y garantes de una transición justa”. En un comunicado público, las organizaciones dijeron que, luego de casi 30 años de explotación y aprovechamiento de las minas de carbón de Calenturitas y La Jagua por Glencore , Colombia “corre el riesgo de que esta empresa se vaya sin haber presentado un plan de cierre de mina, como es obligatorio, y sin resolver las problemáticas sociales y ambientales que generó a lo largo del tiempo, como lo han denunciado las comunidades y organizaciones por años.”

Conflictividad, violación de Derechos Humanos y niños con metales en la sangre en Perú  

En Perú Glencore tiene varios intereses. Uno de sus proyectos más importantes – por su tamaño y nivel de conflictividad – es sin duda la operación minera Antapaccay, ubicada en la provincia de Espinar, Cusco. Esta mina produjo el año 2018 un total de 205,414 Toneladas Métricas Finas de Cobre, 44,306 Kilogramos finos de plata y más de 4,1 millones de gramos de oro fino. Sus ventas el año 2016 superaron los 1,000 millones de dólares, lo que la convierte en una operación muy rentable para Glencore.

More on this topic

Un gigante en Espinar - Glencore y los patrones del poder corporativo en el Sur de Perú
La actividad minera en Espinar comenzó hace más de 3 décadas, pero la provincia todavía sufre de muchas carencias básicas. En todo ese tiempo se han suscitado una serie de conflictos debido a denuncias de contaminación de fuentes de agua, aire y suelos alrededor de las zonas de influencia de la mina. A lo largo de los años se han realizado estudios tanto de autoridades nacionales como de organizaciones de la sociedad civil, que han evidenciado contaminación ambiental e impactos asociados a la actividad minera. También se ha demostrado mediante pruebas a la población, la presencia excesiva de metales tóxicos en la sangre de decenas de hombres, mujeres y niños en comunidades campesinas de la zona.

Un detalle importante que hace parte de la conflictividad minera en Espinar, es la existencia de un “convenio marco” entre la empresa y la municipalidad, por el que el

Protesta en Espinar 2012. Foto: Miguel Gutierrez

3% de las utilidades de la actividad minera se destinen al desarrollo de la provincia. Desde su creación, las organizaciones han exigido sin éxito la modificación del convenio, para que sea la provincia la que administre de forma autónoma estos recursos, actualmente administrados por la empresa.

Durante años las comunidades y organizaciones sociales han exigido al estado y gobiernos de turno la atención integral a sus demandas. Sin embargo, la apatía del estado y de la empresa han provocado conflictos de gran intensidad, principalmente los años 2012 y el 2020.  El año 2012 la población se movilizó y fue reprimida violentamente por la policía, dejando como consecuencia un total de cuatro personas muertas, varios heridos y detenciones arbitrarias. Denuncias e investigaciones posteriores demostraron la existencia de un convenio secreto de seguridad suscrito entre la policía y la empresa minera, por la que la compañía brindaba recursos económicos y apoyo logístico a la policía durante sus intervenciones, a cambio de protección de sus instalaciones. Además, como consecuencia de estos conflictos, se ha criminalizado la protesta y enjuiciado injustamente a los líderes sociales de la provincia.

Vista del tajo abierto de la mina en Cerro de Pasco, la población al rededor. GoogleEarth

Los últimos conflictos en Espinar se produjeron entre julio y agosto del año 2020. La población exigía atención a sus demandas en cuanto a salud y medio ambiente, pero además un pago único de 1000 soles (265 USD aprox.) proveniente de los recursos del “convenio marco”, para para alivianar las necesidades derivadas del impacto económico de la pandemia del Covid. Ante la negativa de la empresa, la población salió a protestar y fue brutalmente reprimida por la policía. En agosto de ese año, La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú publicaron un amplio informe en el que denuncian la violación de Derechos Humanos, maltratos y torturas hacia la población. El informe también exhorta a Glencore a asumir sus responsabilidades, pero la empresa dijo no tener responsabilidades sobre dichos eventos.

La conflictividad en Espinar continúa latente, pues el gobierno no atiende las demandas de la población de forma oportuna e integral. Además, Glencore tiene planes de expansión a través de su nuevo proyecto “Coroccohuayco”, que no ha sido consultado adecuadamente con las comunidades locales y que implicaría otros 25 años de minería y potenciales conflictos.

Espinar no es la única provincia en la que se denuncian impactos producidos por operaciones mineras relacionadas a Glencore. En noviembre de 2020, el medio de investigación Peruano Ojo Público, publicó un reporte titulado: “Los niños con plomo de Cerro de Pasco esperan justicia”, basado en una investigación de campo en la localidad de Cerro de Pasco, en donde opera la empresa Volcán, una compañía controlada por Glencore que extrae zinc, plomo, plata y cobre, y, que ha sido multada varias veces por sus infracciones ambientales. Dicho reporte  revela la existencia de niños con presencia de altos niveles de plomo en la sangre, cuadros de anemia, problemas de aprendizaje, dolores de cabeza, sangrado por la nariz e incluso leucemia. Las familias afectadas responsabilizan a la empresa Volcán por estas afectaciones. Según la cadena alemana Deutsche Welle (DW), hasta el 2018 se habrían registrado alrededor de 3000 casos de niños afectados con hasta 14 metales pesados en la sangre. La empresa deslinda cualquier responsabilidad sobre el tema, afirmando que se trata de asuntos de responsabilidad del estado peruano.

Trabajo infantil, contaminación y una millonaria demanda ISDS en contra de Bolivia 

En Bolivia Glencore tiene una historia particularmente interesante. Esta transnacional no sólo tiene intereses en operaciones cuestionadas bajo su control, sino también una millonaria demanda internacional en contra del país, bajo el sistema de Arbitraje de diferencias Inversor- Estado (Investor-state dispute settlement –  ISDS,  por sus siglas en inglés).

Las operaciones de Glencore en Bolivia se desarrollan a través de las compañías mineras Sinchi Wayra e Illapa (La primera es un holding propietaria de la segunda). Juntas controlan operaciones mineras de estaño, zinc, plata y plomo en los departamentos de Oruro y Potosí.

Minero dentro de la mina de Porco. Foto: Christian Lombardi, PublicEye

Un detalle importante en Bolivia, es la existencia de las llamadas “cooperativas mineras”, una especie de sociedades de trabajadores mineros con permiso legal para explotar recursos mineros, a menudo con escaso control por parte del estado.  El punto es que Glencore está permitida legalmente a firmar contratos con cooperativas mineras para que trabajen en sus operaciones. Se trata de una modalidad de trabajo  que ha sido calificada como asimétrica por investigaciones serias, debido a que es una forma de liberar a Glencore de sus responsabilidades laborales y ambientales, que se externalizan hacia las cooperativas mineras.

Para ejemplificar los problemas que surgen en torno a esta modalidad de trabajo, tenemos que viajar  imaginariamente a la mina de Porco en Potosí, una operación bajo el control de Illapa. En noviembre de 2020, el medio Suizo Public Eye publicó una nota en base a una investigación de campo en esta mina con siglos de existencia, cuyo título es: “Simplemente nos han olvidado”. En la nota el medio describe la forma precaria y riesgosa en que las cooperativas mineras extraen zinc, plomo y plata. Posteriormente, parte de este mineral extraído, es vendido a la subsidiaria de Glencore. El problema es que se sabe que en esta operación se emplea muchas veces mano de obra infantil y adolecente. Glencore por su parte, solamente dijo que los acuerdos de compra entre su subsidiaria y las cooperativas están sujetos a un requisito de debida diligencia que incluye la seguridad y el riesgo de trabajo infantil.

El medio Boliviano Página Siete también ha informado sobre el tema en Enero de 2021. “El trabajo infantil es un secreto a voces en esa región minera potosina”, indica.  En este reporte se afirma que, sin protección, incluso niños de 11 años han sufrido accidentes laborales.

Illapa emplea a unos 400 trabajadores y utiliza maquinaria para extraer los minerales según Public Eye. Sin embargo, cuando ya no es rentable usar maquinaria, las cooperativas extraen el mineral, a menudo bajo su propio riesgo, sin seguro laboral ni de vida.  El reporte señala que los accidentes en la mina son muy frecuentes, principalmente cuando llegan más trabajadores producto de los buenos precios de los minerales.  El saldo en los últimos 4 años, es de 20 mineros muertos en promedio cada año, incluyendo algunos menores de edad. Glencore niega cualquier responsabilidad sobre el tema y afirma que sus operaciones están sujetas a la ley, algo que, según los reportes citados, no sucede en la mina Porco.

A parte de los asuntos laborales, esta mina también estaría contaminando el río Agua Castilla, afectando a la producción agrícola de la zona. El reporte de Public Eye

Río Agua Agua Castilla en Porco. Foto: Christian Lombardi, PublicEye

señala que muestras de laboratorio tomadas del río, confirman excesivas cantidades de Zinc, Hierro y Manganeso en el agua, que superan hasta en 6, 28 y 50 veces respectivamente, los límites permisibles por ley. Estos niveles de metales en el agua podrían producir diferentes afecciones a la salud de las personas que la consumen, como daños a los órganos vitales, problemas cognitivos, y otros.

Una publicación de marzo de 2021,  reveló que Glencore estaría pensando vender varios de sus activos en Sudamérica, incluyendo Sinchi Wayra e Illapa. No existe confirmación de la empresa.

De la mina de Porco viajamos a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya. Allí donde Glencore tiene un caso de Arbitraje de diferencias Inversor- Estado (ISDS) en contra de Bolivia. Se trata de una demanda presentada el año 2016 por la reversión de dos activos propiedad de Sinchi Wayra:  la empresa Metalúrgica de Vinto  (2007) y el Proyecto Minero Colquiri (2012). Glencore argumenta que esas acciones violan el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) entre Bolivia y el Reino Unido, por lo que exige una compensación de 675 millones de dólares, aunque algunos reportes  indican que el monto habría ascendido a 778 millones,  aproximadamente un cuarto del presupuesto 2021 destinado a la salud en el país,  según cifras oficiales.

En abril de 2020, el gobierno boliviano solicitó a la CPA suspender los procedimientos explicando que no se pudo preparar la defensa debido a la pandemia. Sin embargo, la CPA denegó la solicitud. El caso Boliviano fue recogido por una carta abierta firmada por más de 650 organizaciones de todo el mundo, como un ejemplo de que era necesario “suspender todos los casos de ISDS sobre cualquier tema contra cualquier gobierno mientras se esté luchando en contra de las crisis asociadas al COVID-19”, debido a que los esfuerzos de los estados debe centrarse en la respuesta a la pandemia.

Transición justa, responsabilidad corporativa y la Iniciativa Suiza 

Glencore ya ha dicho que quiere limitar su extracción de carbón para reducir sus emisiones de carbono, supuestamente por la presión internacional de la crisis climática. La empresa busca subirse al carro de la transición energética. En Febrero de 2021, su CEO saliente, Ivan Glasenberg, dijo que la demanda de cobre se duplicará hasta alcanzar los 60 millones de toneladas anuales el año 2050.  También depara un buen futuro para el zinc, níquel y cobalto, metales necesarios para la transición y que la empresa ya produce en importantes cantidades. No obstante, una transición justa supone respetar los derechos humanos, los derechos de las comunidades y el medio ambiente en los territorios de donde extraen los minerales.  Además, se requiere una transición que no solo busque cambiar la matriz energética, sino que cuestione y replantee el modelo de producción y consumo excesivo que subyace a la crisis ecológica, y que requiere soluciones estructurales. De lo contrario, la transición energética es sólo un buen negocio. En el caso de Glencore, su práctica en el terreno lo dice todo.

More on this topic

ENTREVISTA: Acerca de los esfuerzos en Suiza para que las empresas transnacionales rindan cuentas
Durante muchos años, se han denunciado y publicado decenas de reportes e investigaciones de campo sobre violaciones de derechos humanos, impactos ambientales y daños a la salud relacionadas a las operaciones de Glencore. Muchas de esas denuncias han llegado incluso a tribunales nacionales y a instancias internacionales que se han pronunciado positivamente. Sin embargo, no ha sido suficiente, razón por la cual se ha impulsado la construcción de instrumentos vinculantes a nivel nacional e internacional, para obligar a empresas como Glencore a ser efectivamente responsables. Una de ellas, es la Iniciativa de Responsabilidad Empresarial en Suiza, llevada a referéndum popular en Noviembre de 2020.

En una entrevista con TerraJusta, el activista Suizo Stephan Suhner, miembro de la organización Grupo de Trabajo Suiza Colombia ask!, afirmó que “las organizaciones de la sociedad civil en Suiza llevaban varios años observando lo que hacía el gobierno suizo en relación a empresas y Derechos Humanos”, pero que al no obtener respuestas, se decidió impulsar una Iniciativa que a través de medidas de “debida diligencia” obligue a las empresas suizas a identificar, prevenir y rendir cuentas por los potenciales riesgos de violaciones de derechos humanos e impactos negativos en el medio ambiente que sus actividades puedan provocar. Pese a que las autoridades llamaron a votar por el No en el referéndum, el 50,3% de los votantes dijeron que SÍ. Sin embargo, 17 de los 26 cantones votaron por el NO, por lo que la Iniciativa fue rechazada, debido a que para aprobar cualquier iniciativa en Suiza, se requiere de una doble mayoría, tanto de la población mediante el voto popular, como de los cantones que conforman el país.

Sin embargo, no todo está perdido, pues existe una contrapropuesta emergida desde el parlamento Suizo que, aunque con muchas limitaciones, puede brindar algunas oportunidades para vigilar a las empresas suizas como Glencore. Por otro lado, existen otras iniciativas sobre empresas y derechos humanos en las que se puede trabajar, es el caso del  Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos de la ONU.  Suhner señala que Suiza ha sido un poco pasiva en relación a este Tratado y que no hay ningún mandato de negociación desde el gobierno suizo. “Entonces una de las ideas es exigir a Suiza para que se vinculen más a este tratado para que salga adelante”, “presionar al gobierno para que haya un mandato de negociación”, afirma el activista.

Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos de la ONU – ¿Cuál es el estado actual?

Sabemos muy bien que los casos relacionados a Glencore en Colombia, Perú y Bolivia, son solamente algunos ejemplos de lo que esta empresa hace en el mundo. A su vez, Glencore, es solamente un ejemplo de lo que las transnacionales hacen en el mundo. Todo esto hace necesario contar con instrumentos vinculantes sobre empresas y Derechos Humanos, para que las comunidades que resisten y denuncian a las transnacionales, cuenten con mecanismos de protección y una vía internacional efectiva para acceder a la justicia y reparación.

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 26/9 para la elaboración de un Instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de Derechos Humanos. El objetivo del Tratado Vinculante es ayudar a poner fin a la impunidad y a los abusos que cometen las empresas transnacionales en los territorios principalmente del Sur Global.

Este 2021 el Tratado ingresa en su 7mo año de negociaciones. En una entrevista con TerraJusta,  el activista Raffaele Morgantini – representante de la organización Suiza CETIM y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo en la ONU –, dijo que el principal desafío en la actualidad se encuentra dotar al Tratado de contenidos que realmente le ayuden a cumplir los objetivos por el que fue impulsado.

More on this topic

ENTREVISTA: Por un Tratado Vínculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos
Morgantini señala que, si bien los intentos por frenar el proceso se han detenido, actualmente se encuentre en la mesa de negociaciones “un borrador de Tratado cuyo contenido se acomoda a las propuestas e intereses de los lobbies de las transnacionales y de sus aliados políticos”, países de la Unión Europa, EEUU, etc. El activista enfatiza la necesidad de construir un Tratado que ayude a “regular las actividades y sancionar a las transnacionales cuando violan los derechos humanos”.  De lo contrario, se trataría de un Tratado “sin dientes”.

Uno de los problemas del borrador actual, se relaciona  con su alcance, debido a que ahora no solamente se estaría enfocando en empresas transnacionales, sino que en todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, públicas y privadas. “Se buscaba un Tratado enfocado en las empresas transnacionales, que son la mayor fuente de violaciones de DDHH a nivel internacional, y no sobre cualquier tipo de empresas. Ahora se tiene un Tratado más general, y que difícilmente podrá ser efectivo dado que no podría tratar todas las violaciones de todas las empresas comerciales de todo el mundo”, señala Morgantini.

“Otro elemento fundamental, es que el actual borrador de Tratado, no prevé obligaciones directas para las transnacionales, sino solamente obligaciones para los estados”. Esto sería un problema según el activista, debido a muchas veces las empresas pueden ser más ricas  y poderosas que los mismos estados (por ejemplo, los ingresos de Glencore para 2019 superaron los 215 mil millones de dólares, una cifra muy superior al PIB Boliviano y que es una parte significativa de los PIB de Perú y Colombia); o no existe la voluntad política o capacidad técnica suficiente para regular a las empresas transnacionales; o finalmente las transnacionales pueden escapar fácilmente de la jurisdicción de los estados o incurrir en chantajes comerciales, etc.  “Es por todo esto que tenemos que establecer obligaciones directas de respeto a los Derechos Humanos para las transnacionales. Y en caso de no hacerlo, es necesario tener mecanismos jurídicos vinculantes para llevar a juicio y sancionar a las transnacionales que violan sus obligaciones en materia de derechos humanos.” Para esto, “la Campaña Global propone la creación de una Corte Internacional sobre empresas transnacionales, en donde los estados y las organizaciones de la sociedad civil, puedan presentar quejas contra las transnacionales sobre violaciones de derechos humanos”.

Morgantini señala que este año la Campaña tiene como  tarea continuar trabajando en la batalla de contenidos y de cabildeo para conseguir más países aliados en la ONU.  “Hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de ir rápido – debido a que las comunidades afectadas necesitan ese tratado – pero, al mismo tiempo, asegurarse de que el contenido del Tratado sea acorde y pueda realmente ayudar a las comunidades en los territorios”, afirma el activista.